La gestión de residuos sólidos, tanto a nivel público como privado en muchos países de América Latina y el Caribe, se ha caracterizado por la prevalencia del criterio de “Recolección y disposición final de residuos”, resultando frecuente la utilización de vertederos o botaderos a cielo abierto que en muchos casos no cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en la legislación vigente para cada caso. Tal situación genera impactos negativos sobre los componentes ambientales (físicos, bióticos y socioeconómicos) y redunda en mayores costos asociados al manejo de los mismos y a la mitigación y/o control de los efectos generados.
Del informe Economía circular e innovación tecnológica en residuos sólidos. Oportunidades en América Latina (CAF 2018) se extrae que, en el 2017, la población de América Latina y El Caribe llegó a 625 millones de personas y que el 80% de la población se concentrará en áreas urbanas, lo que supondrá 50% más de alimentos, 45% más de energía y 30% más de agua para el 2030, con el consecuente incremento en la generación de desechos y residuos orgánicos, de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), de llantas usadas, aluminio, plástico y papel, entre otros. Este hecho, al que se suma lo esperado en el resto de los continentes, supone una mayor presión sobre los recursos naturales del planeta y una previsible degradación de los suelos, contaminación de cuerpos de agua y aumento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. (FOMIN 2017).
Lee aquí el artículo completo: Gestión Integral de Residuos Sólidos, transitando hacia la Economía Circular y mitigación del cambio climático.
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